
Cultura cívica, corrupción y el espejo del 29-N
A las puertas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el debate público tiende a celebrar la normalidad formal de nuestras convocatorias electorales como prueba de madurez democrática. Sin embargo, observar el tablero político español con mirada crítica obliga a cuestionar esa complacencia. Una democracia no se mide únicamente por la repetición de citas en las urnas o por la arquitectura legal del procedimiento, sino por la solidez de su cultura cívico-democrática y por la exigencia real que la ciudadanía impone a quienes aspiran a gobernar.
Uno de los síntomas más claros de esa debilidad cívica es la normalización de la corrupción. En una cultura democrática madura, la tolerancia cero frente al abuso de lo público actúa como un límite moral y electoral firme. En muchos países del norte de Europa, escándalos de corrupción política o financiación irregular de la magnitud de los que han afectado históricamente a las dos grandes formaciones del bipartidismo español —el Partido Popular y el PSOE— habrían supuesto un castigo electoral fulminante, cuando no la desaparición o el desplome definitivo de los partidos implicados.
En España, en cambio, la memoria política parece diluirse con facilidad y el voto se articula con demasiada frecuencia desde la fidelidad de bloque, el miedo al adversario o la inercia identitaria, relegando la rendición de cuentas a un segundo plano. Cuando las dos principales alternativas de gobierno arrastran un pasado marcado por graves casos de corrupción y, aun así, siguen disputándose la hegemonía sin que ello implique una sanción contundente y sostenida en las urnas, el problema no es solo de la oferta política: es también un reflejo de las carencias cívicas de una parte del electorado.
El próximo 29-N vuelve a poner a prueba esa relación entre ciudadanos y representantes. Más allá de las mayorías que arroje el recuento, la verdadera salud democrática de un país se juega en su capacidad para exigir integridad, castigar sin excepciones las malas prácticas y anteponer el interés general y el control del poder a las lealtades partidistas.


