El impacto económico subestimado de la violencia durante las manifestaciones.

El impacto económico subestimado de la violencia durante las manifestaciones.

Una manifestación concluye, las cámaras se retiran y los contenedores incendiados son apagados, mientras los cristales son retirados y las calles comienzan a recuperar su aspecto normal. Sin embargo, el conflicto persiste más allá de la última imagen televisiva. El primer balance permite cuantificar los locales afectados y las intervenciones realizadas. Queda pendiente determinar el coste de la reparación de los daños y la restauración de la actividad.

La jornada de huelga general del 11 de noviembre sirve como un ejemplo reciente de esta dinámica. Los informes emitidos por el Ministerio del Interior y las fuerzas policiales detallan más de cien detenciones en diversas provincias motivadas por distintos motivos. Específicamente, el Interior informó sobre 39 arrestos llevados a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil, mientras que la Ertzaintza reportó 16 detenciones. En Barcelona, la Generalitat contabilizó un total de 52 detenciones.

Es crucial evaluar el perjuicio económico generado por estos sucesos. Para lograrlo, es necesario esperar a conocer y examinar los daños concretos sufridos. El derecho de reunión y manifestación es un elemento fundamental de una sociedad democrática. Por ello, resulta esencial diferenciar el ejercicio pacífico de este derecho de cualquier acto violento que pueda acompañarlo.

Cuando una minoría destruye bienes, ya sean públicos o privados, el coste se distribuye entre aquellos que no participaron directamente en el conflicto, como contribuyentes, comerciantes, trabajadores, vecinos y usuarios de los servicios afectados. Este es quizás el coste más oculto de las protestas. Un elemento de infraestructura como una farola rota representa un patrimonio público; un comercio saqueado afecta al propietario y a sus empleados; un autobús inoperativo puede impedir el desplazamiento al trabajo, a citas médicas o el cuidado de los hijos.

En el contexto español y europeo, hemos presenciado un panorama de movilizaciones en las calles. Convocatorias de estudiantes en Francia generaron incendios y saqueos, lo cual inspiró llamados similares en España bajo el paraguas de Blocus, una red que utiliza cuentas anónimas y etiquetas en redes sociales. Este fenómeno se replicó en otros países europeos, y en América Latina, una marcha en defensa de la universidad pública en Buenos Aires causó daños al mobiliario junto al Congreso. Cada movilización presenta reivindicaciones específicas propias.

Es imprescindible establecer una distinción fundamental: participar en una manifestación, hacer huelga o formar parte de un piquete informativo no implica la participación en actos violentos. Atribuir los daños causados por una minoría a toda la movilización sería tan erróneo como ignorar sus consecuencias derivadas de la protesta. El artículo 21 de la Constitución garantiza el derecho de reunión pacífica y sin armas.

En las manifestaciones que se desarrollan en el espacio público, el procedimiento establecido requiere la comunicación previa a la autoridad competente. La Ley Orgánica 9/1983 impone a las autoridades la obligación de salvaguardar este derecho. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas subraya que quienes se manifiestan pacíficamente mantienen esta protección siempre que otros participantes cometan actos de violencia aislados.

Respecto a la factura de los ayuntamientos, cada elemento destruido, como un contenedor, papelera, señal, banco o bicicleta pública, conlleva un coste de reposición. No existe una tarifa uniforme, pues esta varía según el modelo, el contrato, el material y la ciudad. Por ejemplo, en 2021, el Ayuntamiento de València estimó que el coste de 518 contenedores quemados desde junio de 2019 ascendió a 607 700 euros. En ese periodo, cada unidad tenía un coste estimado entre 1 150 y 1 200 euros, dependiendo del tipo de objeto.

En Cádiz, el Ayuntamiento valoró en 25 481 euros los daños ocasionados por la quema de 26 contenedores y dos papeleras durante la jornada de la huelga del metal de junio de 2025. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, valoró inicialmente en 36 000 euros los desperfectos en el mobiliario urbano derivados de los disturbios del 24 de octubre de 2026. En Bilbao, dos días después, se incendiaron 38 contenedores en Deusto, lo que llevó los daños a bienes públicos a rozar los 65 000 euros según el balance municipal. A estos costes se suman los cristales, persianas, cerraduras y mercancías.

Para algunos comerciantes, la reapertura de sus negocios implicó contratar cerrajeros de emergencia y asumir gastos imprevistos antes incluso de poder vender sus productos. Mientras se repara un contenedor o una señal, el perjuicio continúa: los servicios se ven interrumpidos, los comercios no pueden operar y los vecinos soportan las secuelas de acciones en las que no participaron.

Además del coste material, existe una factura ambiental significativa. La quema de contenedores no solo genera imágenes impactantes; los residuos urbanos contienen plásticos, envases y materiales diversos que arden al aire libre sin el control de una instalación de tratamiento. Por ello, su impacto no debe considerarse irrelevante. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos advierte que la quema abierta de residuos puede liberar partículas, dioxinas y furanos. La Organización Mundial de la Salud recuerda que las partículas finas, como las PM 2.5, tienen la capacidad de penetrar profundamente en los pulmones e incluso ingresar al torrente sanguíneo.

Además del coste de la reparación física, todo lo destruido debe ser fabricado de nuevo. La reposición implica el consumo de materiales, energía, transporte y mano de obra para restaurar una función que ya existía. Recoger los restos no implica necesariamente su reciclaje; los materiales quemados, deformados o mezclados pueden requerir tratamientos específicos. Cuando las llamas se extinguen, la protesta deja de ser noticia, pero quedan los residuos, los trabajos de reparación y los recursos públicos invertidos en recuperar la normalidad. Medir estos efectos no restringe el derecho a protestar; por el contrario, ayuda a discernir con mayor claridad la reivindicación democrática de la violencia y a trasladar su coste a terceros.

Fidel Bedia Castillo no percibe salario, ni realiza labores de consultoría, ni posee

La persona no recibe financiación de ninguna entidad que pudiera beneficiarse de este artículo. Además, ha manifestado no tener vínculos significativos más allá del cargo académico mencionado.

Artículo original: https://theconversation.com/el-coste-oculto-de-la-violencia-en-las-protestas-296529

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