
La dimensión histórica de la relación entre los poderes de emergencia y el poder judicial: tres ejes del desplazamiento del control judicial en la primera era de los poderes de emergencia del Estado de derecho.
Los investigadores Roland Kelemen, Justice Cappella y Joseph Squillace analizan cómo se transformó el control judicial durante la primera gran era de los poderes de emergencia bajo el Estado de derecho —un periodo que abarca desde mediados del siglo XIX hasta el final de la Primera Guerra Mundial y su posguerra—.
La tesis central del estudio sostiene que los regímenes de excepción constitucionales no abolieron el control judicial, sino que lo desplazaron. Para demostrarlo, los autores examinan siete modelos históricos (el francés, británico, estadounidense, alemán, austriaco, húngaro e italiano) e identifican tres ejes fundamentales a través de los cuales se reubicó la supervisión de los tribunales:
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Desplazamiento temporal: Postergar la revisión judicial hasta que finaliza la situación de emergencia.
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Desplazamiento institucional o de foro: Remitir el control a otra instancia distinta de los tribunales ordinarios (como órganos militares o parlamentarios).
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Desplazamiento jurisdiccional: Reducir el alcance de la revisión mediante la exclusión explícita de ciertas materias de la jurisdicción de los jueces.
A partir del cruce entre estos ejes de desplazamiento y los roles que terminan desempeñando los tribunales en la práctica —ya sea como controladores efectivos del poder ejecutivo, como mediadores o como meros agentes de legitimación—, los autores construyen una matriz analítica. El trabajo subraya que estos roles no dependen simplemente de la voluntad o valentía individual de los jueces, sino del diseño estructural y normativo de la propia regulación de emergencia.
El análisis revela varias claves sobre el funcionamiento del Estado de derecho en tiempos de crisis:
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Para que exista un control judicial sustantivo durante una emergencia, no basta con mantener intacta la competencia formal de los tribunales; es indispensable que la autorización legal otorgada al ejecutivo establezca límites claros y medibles.
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La autocontención judicial (judicial self-restraint) y la supresión legislativa de competencias producen exactamente el mismo efecto práctico desde direcciones opuestas: dejar al ejecutivo libre de supervisión.
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El desplazamiento del control se vuelve duradero y peligroso cuando la normativa no incorpora condiciones claras para su propia finalización y reversibilidad.
En conclusión, el estudio propone que la verdadera calidad democrática y jurídica de un régimen de emergencia no debe medirse por el simple mantenimiento formal de la posibilidad de acudir a los tribunales, sino por el tipo de desplazamiento que impone, si dicho desplazamiento es acotado y reversible, y si impide que el poder ejecutivo eluda las decisiones judiciales.
Artículo original: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpos.2026.1998652/full


