En efecto, la represión existió en los dos bandos enfrentados durante la guerra civil. Uno de los cuerpos más castigados fue el de la Enseñanza. La enseñanza primaria fue uno de los pilares en que la República basó su confianza en la renovación ideológica de España. Por eso, consolidado el triunfo nacionalista, pasaron a ser considerados enemigos peligrosos o cuando menos, sospechosos, y no se dudó en perseguirlos por el mero hecho de haber cumplido las directrices pedagógicas de la República. Los sublevados los convirtieron en el blanco preferido a la hora de acabar con las semillas de la revolución en la retaguardia. La depuración en el Frente Norte, cuya zona geográfica se había resistido anteriormente al alzamiento nacionalista, proporcionó un alto porcentaje de maestros depurados.
No obstante, la Iglesia española, a su vez, se constituyó como otro factor legitimador de la represión, e incluso un sector del clero trabucaire participó en la liquidación física de los republicanos, que más tarde tomaría cuerpo en el nuevo modelo educativo del franquismo, recuperando el protagonismo que se le había negado durante la Segunda República.
La regulación del proceso depurador atravesó varias etapas. Se crearon comisiones depuradoras a nivel nacional y también provincial. Comenzó la creación de comisiones depuradoras de carácter temporal para llevar a cabo la depuración de los distintos sectores educativos. Sin embargo, la caótica legislación que concurría del proceso depurador y el vital interés de separar del servicio a todos los maestros que, en cierto modo, se habían manifestado a favor de las ideas y actuaciones de posiciones izquierdistas o republicanas, contrarias al Nuevo Estado, dio una apariencia muy desordenada a las primeras actuaciones de las comisiones depuradoras.
Al principio, la regulación del proceso depurador se caracterizó por una falta de criterios y precisión para apartar de sus puestos a los maestros, que en muchas ocasiones se les llegaba a destituir sin criterios claros sancionadores. Posteriormente, cuando se comienzan a crear las comisiones depuradoras, se estudió una mayor concreción de las conductas sancionadas y las sanciones que se podrían proponer. Será durante el año 1937, cuando se desarrolle un mayor alcance de la depuración del magisterio, es decir, llevándose a cabo investigaciones en fundaciones benéfico-docentes, maestros de colegios privados, interinos y sustitutos, maestros excedentes y titulados que no ejercían. Las primeras se caracterizan por actuaciones que fueron rápidas y activas. Más tarde supuso la destitución de muchos maestros en los primeros meses del curso escolar y la aparición de largas listas de maestros suspendidos de empleo y sueldo. Era de extremada urgencia modificar la educación republicana. El proceso depurador no vería finalizada su actuación hasta el año 1966.
La acción represora presentó muchas otras modalidades, aparte de los paseos o ejecuciones. Así mismo, se destituyeron, se cesaron y se les apartó de sus cargos a muchos maestros. En vísperas de la apertura del curso escolar de 1936, se originó una demanda de docentes para ocupar las vacantes ocasionadas tras las destituciones. Paralelamente a esta depuración, se dio una selección ideológica propiciada por la necesidad de cubrir las bajas en la enseñanza y al mismo tiempo premiar el apoyo de ciertos colectivos. Tuvieron oportunidades de acceder al magisterio sacerdotes, oficiales provisionales, bachilleres y excombatientes.
Una parte importante del proceso depurador eran los testigos. Los testigos que participaban en el proceso de depuración eran mayoritariamente personajes cercanos al ámbito educativo donde se se ubicaba la escuela. El Alcalde, el Cura párroco, el comandante de la Guardia Civil y un padre de familia bien reputado tomaban parte en el proceso donde se acusaba a los maestros de actitudes y modos contrarios al Nuevo Estado. Tras las acusaciones, en muchos casos incluso falsas e infundadas, se les imponían una serie de cargos que formulaba la misma Comisión Provincial, donde se sancionaba las conductas incompatibles con el Nuevo Estado. Entre las acusaciones más frecuentes se encontraba la de secundar la ideología de izquierdas, seguida de actitudes contrarias a la Causa Nacional y militancia en organizaciones cercanas a la República. A la vez, con el peso que iba adquiriendo la iglesia, se comenzaba a tener en cuenta conductas como la indiferencia religiosa o la no asistencia a los actos de culto, entre otras.
Además, las sanciones eran de distinta índole, desde amonestaciones, suspensión de empleo y sueldo, traslado forzoso, inhabilitación, separación definitiva del cargo, la jubilación forzosa e incluso la ejecución.
Aunque, el mayor rigor represivo cayó sobre la Inspección de Primera Enseñanza, tanto por motivos políticos como ideológicos, muchos otros docentes vieron rota definitivamente su carrera, y por otra parte, se hubo de cumplir los diversos tipos de sanción impuestos. Con el paso del tiempo algunos casos se revisaron y se eliminaron en todo o en parte algunas sanciones, permitiéndose en otras ocasiones el reingreso en la docencia. Durante la Transición, en concreto en el año 1977, se decretó una amnistía para los represaliados víctimas de esta depuración.
Respecto al porcentaje exacto de maestros depurados no es del todo concreto. Se han realizado numerosas investigaciones por parte de historiadores e investigadores acerca de la depuración del magisterio español una vez finalizada la Segunda República y durante el transcurso del Franquismo. Algunas investigaciones nos arrojan datos como por ejemplo la mayor incidencia de la represión hacia los maestros en algunas provincias españolas respecto a otras, claros ejemplos encontramos en el norte de la provincia de León o en Cataluña. Otro dato significativo que nos aporta estas investigaciones es que fueron depurados más maestros que maestras. El objetivo final era eliminar cualquier rastro de la educación republicana, y consolidar la nueva educación franquista basada en valores como la exaltación del patriotismo y el catolicismo.