Una de las condiciones para que un sistema político sea considerado una democracia o, más concretamente, una poliarquía, es la posibilidad de acceder a múltiples fuentes de información libres y alternativas. Con «libres» nos referimos a no «directamente» controladas por el poder, sino por empresas públicas o privadas, por entidades no lucrativas o por ciudadanos libres.
Con gran acierto, el Tribunal Constitucional ha señalado la comunicación pública libre como condición necesaria para una sociedad democrática y para la propia soberanía popular. Los medios de comunicación cumplen la importante función de conformar la opinión pública, sin la cual no habría disparidad de opiniones ni, por tanto, pluralismo ideológico y político necesarios para el ejercicio del sufragio universal en unas elecciones de una poliarquía. Es decir, sin medios de comunicación libres no podríamos conocer de primera mano las distintas propuestas de las candidaturas en cualquier proceso electoral, lo que desvirtuaría la democracia. Teniendo en cuenta que el pluralismo político no solo es valor superior en algunas constituciones sino incluso valor universal en todo sistema que se precie de ser, al menos mínimamente democrático, el ataque injustificado al pluralismo informativo y a los profesionales que producen y difunden la información daña la propia democracia, aun en su mínima expresión.
En este sentido, alguna voz que ha surgido en España en el contexto de las elecciones autonómicas madrileñas atacando a los profesionales desvirtúa la información. Cuestión distinta, como hacen otros partidos, es poner el foco sobre ciertos periodistas (con el fin de crear un discurso polarizado), pero respetando en cualquier caso la libertad de empresa en su más amplia acepción, relacionada con el derecho a la información veraz y libre.
Precisamente es la palabra «veraz» lo que define a la profesionalidad de la profesión periodística en la que algunos miembros han sido duramente criticados por un actor político. El deber de diligencia profesional de contrastar muchas fuentes para producir la noticia y emplear criterios propios de noticiabilidad, en base a una información de relevancia pública por el contenido o la persona sobre la que se informa, contribuye a una opinión pública bien informada.
Es verdad que esa opinión pública libre resulta contaminada por las noticias falsas o «fake news», y que existe un duopolio informativo en España conformado por Atresmedia y Mediaset, pero no hay que olvidar tampoco la radiotelevisión pública y otros medios alternativos, como éste mismo y su programación a través de YouTube. Y cada empresa tiene su legítima línea editorial en base a la cual el medio selecciona acontecimientos susceptibles de ser noticiables («agenda setting») y encuadra o enfoca la información concreta de acuerdo con su línea editorial («framing»).
Defendamos la libertad de expresión y de información como elementos esenciales de una democracia y hagamos frente a quienes, desde un lado u otro del espectro político, critican uno de los aspectos fundamentales y ponen en peligro proponiendo su control directo o desaparición (ya sea sobre las cadenas privadas o sobre cadenas públicas que promueven el uso de un idioma y la cultura para que estos no desaparezcan, además de ofrecer información de proximidad que a un medio privado puede no resultarle rentable).
Unidos podemos hacerlo.
