La corrupción es uno de los principales problemas del poder. Ha existido casi desde los inicios de la propia actividad política, y algunos estudios antropológicos sugieren que forma parte de la condición humana. Es un hecho global que ocurre con demasiada frecuencia en los países Latinoamericanos.
Sin embargo, la transparencia, la participación política, el auge de los valores posmaterialistas, la propia rendición de cuentas, posibilitados estos instrumentos gracias a Internet y a las nuevas tecnologías, ha provocado que la ciudadanía tome gran conciencia moral sobre la corrupción como forma perversa de la práctica del poder mediante la cual gobernantes y funcionarios se apropian de lo que es común a todos, de nuestra economía y recursos materiales, medioambientales, ecológicos, urbanísticos y políticos, entre otros tantos recursos públicos.
La ciencia política debe entrar a estudiar las causas y consecuencias de la corrupción, para poder evitarla mediante mecanismos adecuados que posteriormente adoptarían los legisladores. Aquí entra una perspectiva de investigación institucionalista: el estudio de la propia inercia institucional y de las normas establecidas en el momento en que se produce el hecho corruptivo. Así, se pueden proponer, mediante la política comparada e innovación legislativa basada en la esencia de un pueblo soberano que puede y debe controlar a sus representantes, con independencia de la forma política que adopte el Estado.
En España, el caso más llamativo, el que marcó un antes y un después en la historia y en la propia práctica política, fue la llamada “Operación Malaya”, en el malagueño Ayuntamiento de Marbella, que supuso por primera vez en democracia la disolución de una corporación local en 2006 en la que el cohecho y la malversación de fondos públicos por parte de Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe, a cuya cabeza se encontraba el funcionario Juan Antonio Roca, fue el pan nuestro de cada día.
En este municipio, el tráfico de influencias estaba a la orden del día, convirtiéndose en el ayuntamiento con más personal de toda España en proporción a su población debido a los chanchullos como forma de gestión municipal.
Esto supuso su inmediata disolución tras las detenciones de todo el equipo de gobierno municipal de Marisol Yagüe y la constitución de una Comisión Gestora nombrada a propuesta de los grupos políticos de la Diputación Provincial de Málaga. Y he aquí la primera defensa legal: el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que se estableció pensando en los ayuntamientos que pudiesen ser gobernados por los partidos políticos afines a la banda terrorista ETA y pudo aplicarse perfectamente a este supuesto de corrupción.
Una de las artimañas que utilizaba el ayuntamiento marbellí fue precisamente la legislación administrativa. En aquel momento, el silencio administrativo era generalmente positivo, incluido a efectos urbanísticos en el dominio público. En otras palabras, si un constructor pedía edificar en la playa y la administración no respondía -ni que sí, ni que no, ni que tal vez-, se entendía concedida la licencia. Naturalmente, esto cambio después del también llamado Caso Malaya: desde entonces y hasta hoy en la actual Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, en procedimientos administrativos en los que se da facultades sobre un dominio público o que dañen al medio ambiente -así como los referidos al derecho de petición, a la responsabilidad patrimonial y los recursos administrativos- los silencios son negativos. Es decir, si ahora un constructor pide edificar en la playa y la administración no le responde en un plazo determinado, se considera que le han rechazado la petición, siendo una forma legal de proteger frente a la corrupción.
Podríamos hablar de otros casos como el Caso Gürtel u otros muchos que, por desgracia, se han expandido en España, pero la importancia también es la respuesta institucional frente a la corrupción. Porque una administración cómplice de la corrupción, tanto a nivel administrativo (cometido por un funcionario sin cargo político) como a nivel puramente político, es una administración ineficaz que levanta suspicacias frente a una población que puede mostrar cada vez más desafección política, y con razón.
Ahí debe de entrar la ciencia política, además de otras ciencias que estudian la política como la sociología con el estudio de hechos sociales relacionados con la corrupción, el Derecho con estudio y la proposición normativa o la propia psicología con el estudio de la personalidad de los corruptos, por poneros claros ejemplos.
Solo así, con el estudio sosegado del por qué, el cómo, el cuándo, el dónde y las consecuencias de la corrupción desde una perspectiva multidisciplinar de la política, se puede dar respuestas, desde distintas alternativas en distintos sistemas políticos, a este problema global de la corrupción.
