La llamada Causa General.

Una vez finalizada la Guerra Civil, el Franquismo se sirvió de un hábil instrumento para llevar a cabo la denominada «Causa General´´, cuyo proceso consistía en una serie de investigaciones por parte del ministerio fiscal, para proceder a conocer los distintos hechos delictivos de todas aquellas personas que cometieron ciertos actos durante la llamada «dominación roja´´, es decir, bajo el gobierno de la Segunda República. Los principales enemigos de España, los cuales estaban adheridos a la comúnmente conocida como barbarie roja, se convirtieron en el blanco perfecto para su exterminación bajo el yugo de la dictadura franquista.

De este modo, la causa se estableció mediante el decreto de 26 de abril de 1940 en el que entró en vigor. Posteriormente, en la década de los años 50 se ampliarían las facultades del ministerio fiscal en el desarrollo de este proceso y más tarde, lo haría en colaboración con el ministerio de justicia.

Con esta causa se trataba de recopilar toda la información posible y necesaria durante los tres años en los que transcurrió la Guerra Civil. Este tipo de investigaciones era llevada a cabo por los distintos fiscales delegados en las distintas provincias dentro del territorio nacional.

11 piezas distintas conformaban la variedad de delitos que juzgaban las injusticias, o por lo menos así consideradas por el franquismo, llevadas a cabo durante la Segunda República. Entre los delitos más comunes, destacar algunos como delitos donde los individuos se vieron involucrados en la desaparición de personas o muertes de estas, torturas, incendios y saqueos a iglesias. Además se pretendía conocer la participación por parte de la población civil en el Alzamiento Nacional o la implicación de estos civiles en los distintos bandos que se conformaron durante la guerra.

Así mismo, la investigación también fue dirigida hacia las Checas, con el objetivo de conocer el funcionamiento y organización de estas instituciones, cuyos lugares se caracterizaban por llevarse a cabo dentro de ellas todo tipo de torturas, interrogatorios y asesinatos a personas simpatizantes con el bando sublevado. A la vez, la Justicia Roja también fue motivo de investigación por la llamada Causa General, donde se pretendía llegar a averiguar los diferentes procedimientos efectuados y la manera de proceder de los distintos magistrados, jueces y todo tipo de funcionariado que pertenecía a la justicia republicana. Por supuesto, de esta investigación tampoco se libraron las autoridades gubernativas locales, como la Guardia Civil, las Comisarías de Policía, y otros organismos públicos de la administración pública.

La persecución religiosa que tuvo lugar durante la Segunda República fue otro motivo para abrir causas judiciales contra aquellos que cometieron asesinatos o persecuciones contra religiosos, además de la profanación y saqueos a lugares de culto. Los informes sobre estas investigaciones provenían por parte de las diócesis.

Los periódicos y la propaganda republicana también fue objeto de indagación por parte del franquismo. Los autores de las publicaciones y de los artículos, y los directores de los periódicos y noticiarios fueron investigados, incluso en ocasiones relegados de sus empleos y posteriormente detenidos o ejecutados.

La enseñanza y el profesorado también sufrieron ciertas modificaciones, como también las dolorosas consecuencias de su simpatía por los idearios republicanos. Muchos docentes fueron apartados de la labor de la enseñanza debido a las prácticas y conductas de las que hacían uso durante el periodo republicano, contrarias al ideario franquista. La depuración del magisterio español es uno de los mejores ejemplos.

Por último, otro delito significativo fue el delito contra la propiedad privada, en el cual se abría diligencias contra incautaciones de tierras o inmuebles, e incluso amortizaciones, que en muchas ocasiones fueron dirigidas contra la Iglesia y la burguesía.

Una vez formalizados todos los informes por parte del fiscal instructor a la inspección de la Causa General comenzaba su tramitación. La Causa General reunió en su archivo todos los documentos de los Tribunales republicanos, revisando la actuación de los magistrados y jueces en la guerra, como prueba de sus investigaciones. Una larga causa que duraría hasta finales de los años sesenta.

Actualmente, la documentación se puede consultar en el Portal de Archivos Españoles (PARES). Anteriormente, la documentación había sido custodiada desde los años 80 en el Archivo Histórico Nacional en Madrid. Toda la información recopilada versará sobre la década de los años 40, 50 y 60, hasta la promulgación del Decreto-Ley 10/1969 por el gobierno de Francisco Franco, por el que prescribía todo tipo de delito anteriormente mencionado y cometidos antes de 1 de abril de 1939.