Sobre educación y leyes educativas

EDUCACIÓN EN ESPAÑA

Como se suele decir, el tema de la educación en España es de juzgado de guardia, y ya no es solo por la soba que recibe por la clase política cada cierto tiempo, sino por la falta de defensa e indignación que provoca en la población dicho menosprecio.

Dentro de la complejidad que atañe la configuración del proceso educativo nacional, parece ser que no hay futuro más allá de una nueva ley educativa cada vez que cambiemos de color en Moncloa.

Además del triste uso del español como arma arrojadiza en España entre gobiernos centrales y autonómicos o de las limitaciones a la escuela concertada, la octava ley educativa plantea que la orientación académica del alumno debe establecerse desde Primaria, además de incorporar otro Bachillerato (Bachillerato General), una nueva modalidad que combina ciencias y letras y que se suma a los ya existentes.

LA EDUCACIÓN COMO OBJETO POLÍTICO

Si nos evadimos en lo que a debates políticos sectarios se refiere, lo normal es que lleguemos a un consenso generalizado sobre la educación en España.

La pena es que este consenso no resultará de aunar unas directrices generales a nivel nacional para mejorar los malos resultados que genera la educación en España, tanto a nivel estadístico en informes tipo PISA, como a nivel práctico cuando comparamos la formación de los estudiantes cuando acceden a estudios superiores, sino que el consenso sobre educación va a llegar de la mano de la pésima gestión política que se hace de la misma y las sucesivas leyes educativas que nacen al albor del cambio político central.

La popularmente conocida como Ley Celaá (LOMLOE), fue aprobada por el pleno del Congreso de los Diputados con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones y está pendiente su publicación en el BOE de su tramitación en el Senado para que se enmiende o se vete según corresponda.

De este modo, y a cuenta de un análisis somero de los aspectos más polémicos de esta ley, los puntos más importantes sobre los que se centra su debate son los siguientes:

EL CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR

Es quizás el punto que genera más conflicto político y social, ya que la oposición a esta ley  prevé la desaparición del castellano en las aulas de las escuelas de comunidades en las que existan lenguas cooficiales.

Lo que contempla la ley en su artículo 89 es que las administraciones educativas correspondientes deberán garantizar el derecho de los estudiantes a recibir educación tanto en castellano como en sus respectivas lenguas cooficiales.

Lógicamente, las posturas están enfrentadas. Por una parte, la ministra del ramo defendió en el Pleno del Congreso que la enseñanza del castellano está garantizada en la ley, que la LOMLOE respeta tanto la Constitución como los diferentes estatutos de autonomía y que las enmiendas planteadas no son más que mentiras y manipulaciones mediáticas. Según Celaá, «El inseparable binomio de equidad y excelencia es lo que fundamenta la LOMLOE y esto es lo que no aguantan las derechas, que siempre a las leyes progresistas se han opuestos exactamente con los mismos argumentos: religión, concertada y lengua, siempre los mismos argumentos”.

Por otra parte, el sindicato educativo ANPE señala que “la enmienda pactada en donde el castellano deja de ser lengua vehicular significa que deja de ser oficial y atenta contra el derecho de una parte significativa del alumnado en determinadas zonas de España al no recibir las enseñanzas obligatorias en su lengua materna. (…) La desaparición del castellano como lengua vehicular afectará también al carácter estatal de los cuerpos docentes».

LAS LIMITACIONES DE LA CONCERTADA

Según la nueva ley, las concertadas se van a ver afectadas en los siguientes puntos:

1. No van a poder cobrar cuotas a las familias por recibir las enseñanzas con carácter gratuito y eliminando a su vez  la supuesta necesidad social de un centro concertado, criterio mediante el cual se podían crear más plazas en dichas escuelas por petición de las familias aún existiendo plazas libres en la pública de la zona.
2. Con el propósito de evitar la segregación, se establece repartir al alumnado desfavorecido entre pública y concertada de forma equitativa.
3. No se cederá suelo para la construcción de centros de titularidad concertada y privada.
4. Para mantener el concierto, en los procesos de obtención y mantenimiento del mismo se establece como prioridad que en los centros se aplique el principio de coeducación y no separen al alumnado por su género o su orientación sexual.

Según Celaá “No se acaba con el modelo de la concertada sino que se limitan los privilegios sobre una concertada basada en fines lucrativos más que los sociales y también se impulsa la inclusión de acuerdo a la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad para que las familias tengan la libertad de escolarizar a sus hijos en el régimen más inclusivo posible.”

Este último aspecto generó un conflicto real en aquellos colegios concertados en los que solo hay estudiantes de un mismo género. Según plantea la ley, esto no debería seguir produciéndose. Ante los recursos judiciales que se han planteado, en Cataluña ya han indicado algunos jueces que se podrá seguir planteando la práctica de la educación diferenciada.

EDUCACIÓN ESPECIAL EN LOS CENTROS ORDINARIOS

Los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible acordada en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015 tomaron el testigo de los Objetivos del Milenio (ocho propósitos de desarrollo humano acordados en 2000 para cumplir en los quince años posteriores). Según el cuarto punto de dichos objetivos referido a educación, para que esta sea inclusiva será necesario garantizar un acceso equitativo, inclusivo y universal a la educación y la cultura.

Tal es así, que la LOMLOE apuesta por una educación especial impartida cada vez más en los centros ordinarios para así cumplir con dicho cuarto punto, planteando que en una década los centros ordinarios cuenten con los recursos suficientes para poder atender en las mejores condiciones a los estudiantes con discapacidad.

Es aquí donde nace la controversia con las familias y asociaciones de familias con hijos e hijas con necesidades educativas especiales, las cuales consideran que esta ley lo que hace es poner fecha de caducidad próxima a un modelo de centro de educación especial al que no consideran en la necesidad de desaparecer, mas si cabe frente a unas medidas de inclusión que consideran genéricas y no aptas para todo tipo de alumnado con necesidades especiales.

REPETIR CURSO SERÁ ALGO EXTRAORDINARIO Y SUJETO AL ACUERDO DEL EQUIPO DOCENTE

Según se contempla en esta nueva ley, el alumnado podrá promocionar con una o dos materias suspensas si el claustro académico lo considera adecuado, ya que en el caso de que se promocione a dicho alumnado, el año siguiente seguirán planes de refuerzo concretos por parte del equipo docente.

Según la ministra Celaá en respuesta a las críticas frente a la falta de exigencia al alumnado en su etapa escolar, la LOMLOE «procura proveer a todos para que puedan, conforme a sus ritmos, llegar cada uno al máximo del desarrollo de su talento, de su potencial” y su planteamiento tiene carácter temporal sujeto a la evolución de la pandemia y a los problemas que han surgido en el acceso a la educación para algunos colectivos.

En resumen, parece ser que todo seguirá igual aquí a ras de suelo. Debajo de los sillones de San Jerónimo están las escuelas con sus alumnos y alumnas, con sus docentes y con todo el personal necesario para que en el día a día se saquen adelante situaciones que a corto plazo poco tienen que ver con la disputa política en el circo parlamentario y que a largo plazo no generan más que inestabilidad e incertidumbre en un proceso en el que el principal afectado es un alumnado que no es capaz de percibir ciertas diferencias, pero que sí ve como la calidad de la institución a la que dedican buena parte de su tiempo no es suficiente para sobrevivir en un futuro con unas exigencias alejadas de la realidad escolar.

Tras toda la verborrea política que requiere la defensa y promoción de una ley se encuentran las miserias de unos proyectos educativos carentes de aplicación práctica real. Muchos de sus planteamientos no son más que imposiciones dogmáticas de una serie de complejos ideológicos que se repiten sin cesar y que son transversales a la gran mayoría de las políticas públicas en España.