No fue eso, no fue eso

Una de las máximas que todos conocemos y que son la base de la democracia es que el poder emana de la soberanía que reposa en el conjunto de la nación. La legitimidad de los sistemas democráticos nace de la voluntad nacional expresada en las urnas. Esto implica que necesariamente debe de haber un consenso mayoritario por parte de la ciudadanía hacia ese sistema de gobierno, y debe salir de una votación. Esto nos lleva al primer problema para calificar de democrática a la Segunda República. El origen de la Segunda República son unas elecciones municipales, que distan mucho de ser un referéndum sobre el sistema político, en las que además hay una mayoría de concejales monárquicos. Según los datos del historiador Javier Tusells los monárquicos obtuvieron 40.324 concejales, los republicanos 34.688, los socialistas 4.813, un grupo de indefinidos 1.207 y los comunistas 67. Este problema en la legitimidad de su origen podría haber tenido una fácil solución. Hubiera sido tan simple como someter a referéndum la constitución promulgada. Pero esto no sucedió. Fueron las Cortes Constituyentes las que aprobaron el texto constitucional sin someterlo a la consulta del conjunto de los españoles.

Otro de los problemas que destacan en el aspecto normativo son los límites a la libertad de expresión y la censura. Esto se plasma tanto en la Ley de Defensa de la República del 21/10/1931 como en la Ley de Orden Público que es la que le sustituye a partir del verano de 1933. Esta ley de excepción fue la norma fundamental en la configuración del régimen jurídico de las libertades públicas durante casi dos años. A partir de La Ley de Orden Público las garantías constitucionales estuvieron suspendidas prácticamente todo el tiempo hasta el inicio de la Guerra Civil. La aplicación de la Ley de Orden Público llega a tal punto que lo verdaderamente excepcional son los periodos en los que rige la normalidad constitucional.*

También es importante destacar algo tan significativo como el no reconocimiento del vencedor tras las elecciones de 1933, cuando a la CEDA, el partido más votado, no se le permite gobernar. Ocurre en gran medida por las amenazas de los partidos de izquierda y las presiones al Presidente de la República. Se trata sin duda de uno de los puntos de inflexión en la legitimidad democrática de la Segunda República. No reconocer el derecho del adversario a gobernar implica una grave distorsión de la percepción de lo que debería ser una república democrática.

Cuando por fin el gobierno se dispuso a incorporar varios ministros cedistas. “Abandonen sus esperanzas los hombres que aún fían la solución del gran problema político español a las normas de la convivencia, tal como las entienden los demócratas burgueses. (…) Nuestros temores están, a buen seguro, archijustificados. Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía. En período revolucionario no hay país que no esté en guerra. Bendita la guerra contra los causantes de la ruina de España”.

La forma en la que se juzga la participación de las organizaciones políticas en los hechos de Asturias de 1934 pone en entredicho el predominio de la ley. Partidos y líderes políticos salen no solo indemnes, sino reforzados tras el fracaso de la revolución. Haciendo además de la amnistía de todos los revolucionarios encarcelados y la revisión de las responsabilidades de los cargos y funcionarios públicos un tema central de la agenda política. Una democracia no puede hacer excepciones en el cumplimiento de la ley, y menos contra los que atentan contra el orden constitucional por la fuerza.

Otra arbitrariedad notable impropia de un Estado de Derecho que denota la limitada comprensión de la democracia en aquellas élites políticas es la forma en la que son tramitados los casos Strauss Perl y Nombela. En lugar de presentarse en un juzgado como sería el cauce lógico en una democracia con separación de poderes, estos casos son presentados ante la Cámara directamente por el Presidente de la República. Siendo el Congreso el que realiza un juicio político que en ningún caso le compete, sino que pertenece al ámbito de los tribunales de justicia. Es inaudito que Alcalá Zamora se prestara a algo semejante cuando se le presentó la denuncia. Lo normal en cualquier democracia es que sean los jueces quien lo gestione y resuelva.

A partir de 1936 los hechos que ponen en entredicho la legitimidad democrática se suceden y son cada vez de mayor gravedad. Con la huida de Manuel Portela Valladares tras las elecciones de Febrero de 1936 y el nombramiento de Azaña antes de la asignación de actas se compromete gravemente todo el proceso electoral. Alcalá Zamora al ordenar formar gobierno a Azaña consuma un traspaso de poder ilegítimo que finalmente afectará al resultado de las elecciones. Las elecciones se caracterizaron por ocurrir en un contexto intimidante para los votantes de derechas. Existen abundantes denuncias sobre la violencia de las milicias de sindicatos y partidos políticos frente a la inacción de los poderes del Estado.

Más grave aún son las irregularidades relacionadas con la asignación e impugnación de actas de los partidos del bloque de la derecha en favor del Frente Popular, especialmente del PSOE. Incluso algunos políticos del centro izquierda manifestaron su preocupación. Martínez Barrio consideró «peligroso» e «injusto» abusar de la victoria, y dijo de la campaña pro nulidad que era una «deplorable satisfacción» del apetito de candidatos «no muy seguros de su derecho». El debate no se ciñó a términos jurídicos, llegándose a descalificar actas por convicciones morales de diputados. Incluso Alcalá Zamora estaba cada vez más alarmado por la «apasionada, desigual y arbitraria» actuación de la Comisión de Actas, que aprobaba o anulaba las actas «por motivos personales» y pretendía expulsar a los líderes conservadores del Parlamento. La minoría de la CEDA decidió el 31 de Marzo, tras dos horas de debate, abstenerse de participar en los debates de actas. En una nota anunciaron que «la mayoría está dispuesta a mantener su intransigencia, su arbitrariedad y su diferencia de criterio, según se trate de un bando u otro», adoptando «una actitud de monopolio, de exclusivismo y de tiranía». La CEDA estaba dispuesta a someterse al criterio que prefiriese la mayoría «legalista o de convicción moral; de dureza, declarando la nulidad de ciertas actas, o de templanza, limitándonos a sancionar defectos parciales», pero no a «criterios partidistas, distintos en cada caso». Por ello, su minoría no confiaba ya en una Cámara que estaban sustituyendo «la voluntad popular, base de un régimen democrático», por «el imperio absoluto de una mayoría discutible, esencia de los regímenes totalitarios». Finalmente, anunció la retirada: «Libre tenéis el camino, constituid el Parlamento como os plazca». La repetición de elecciones en Granada y Cuenca donde había ganado la derecha es la mejor muestra. Tras la repetición de los comicios ganó la izquierda, si bien se trataba de circunscripciones históricamente conservadoras.

Una vez con el Frente Popular en el gobierno la violencia aumenta y la parcialidad del gobierno ya ni se disimula. La ilegalización de Falange Española es otro claro ejemplo aplicar la ley de forma sesgada y parcial, violando claramente los principios de pluralidad e igualdad. Máxime cuando se permitía seguir funcionando a otros partidos y formaciones que eran abiertamente contrarios a los principios democráticos, como son comunistas o anarquistas. La violencia política se convierte en una constante a lo largo de la primavera de 1936. En especial los llevados a cabo contra la iglesia y la comunidad cristiana. La quema de iglesias, los asaltos contra religiosos y el acoso a católicos crecen ante la pasividad del Gobierno. Un buen ejemplo es en la quema del Convento de Santa Ana frente a las puertas del Ministerio de Gobernación. Ninguna dotación policial intervino ni se detuvo a nadie. El asesinato del líder de la oposición es el último acto de esta tragedia. Calvo Sotelo es asesinado por fuerzas de seguridad afines al gobierno y los responsables tienen estrechos vínculos tanto con Indalecio Prieto como con Margarita Nelken, quienes les esconderán y protegerán. Al final los asesinos quedaron libres de responsabilidades penales.

Resulta muy significativo que una vez iniciada la Guerra Civil el resto de democracias no se pusieran de parte de la República. Esto sucedió en gran medida por que no la consideraban fiable. Ya hemos visto que tenían sus motivos para pensar así. El peso que cobraron entre los partidos y sus organizaciones discursos excluyentes, los hacía incompatibles con la aceptación de un régimen democrático. Especialmente con la observancia de valores y prácticas acuñadas en la tradición liberal, como el pluralismo, la tolerancia con las opiniones del adversario o la búsqueda de pactos. La única conclusión posible es que la democracia pluralista no fue un objeto de predilección mayoritaria por parte de la élite política española de los años 30. Para estas élites políticas la República era más un medio que un fin en si mismo.

¿Puede producir una democracia una sociedad sin valores democráticos ni los condicionantes previos necesarios? España no era una democracia ya que no podía serlo. Como escribió Ortega y Gasset el 9 de Septiembre de 1931 en el «El Crisol»: «La República es una cosa. El radicalismo es otra».

*de 1931 a 1936 se proclaman 21 veces el Estado de Prevención, 23 el de Alarma y 18 el de Guerra. Durante toda la Segunda República no suman ni 5 meses el total de los días que los ciudadanos pudieron disfrutar de todos sus derechos sin limitaciones.