¿Fue la Segunda República una democracia?

La Segunda República SI fue una democracia

Patricia de Caso Estébanez

La democracia durante la Segunda República

Tras el fracaso del gobierno de Dámaso Berenguer a propuesta de Miguel Primo de Rivera, y los sucesivos intentos del rey Alfonso XIII para encontrar una persona que tomará las riendas y se hiciera cargo del régimen monárquico y por tanto, la frustración del breve período de la denominada dictablanda, se convocan elecciones, primero municipales, y más tarde a las Cortes, con carácter Constituyente.

El 12 de abril de 1931 tuvieron lugar las elecciones municipales. Este acontecimiento abrió paso a un nuevo orden político. Cuando las primeras informaciones de la prensa confirmaron el triunfo moral de los republicanos, estos se echaron a la calle en muchas ciudades, abriendo paso a una auténtica revolución popular de carácter pacífico. En casi todas las capitales de provincia de España había logrado ganar los republicanos. El 14 de abril se proclamó la República oficialmente. Esta situación llevaría a Alfonso XIII abandonar España rumbo al exilio, sin haber abdicado ni renunciado a la Corona, mientras se limitaba a esperar en el exilio a que las circunstancias posibilitaron su retorno.

El establecimiento de la Segunda República significó un cambio transcendental que incluía la sustitución o la reforma de muchas de las instituciones vigentes con la Monarquía. El objetivo primordial de este nuevo régimen tenía un carácter innovador respecto a algunas
cuestiones. Nacía bajo un espíritu democratizador y reformista con el propósito de convertir al país en un Estado moderno, laico e inclusivo, alejado del característico caciquismo, el atraso industrial y agrario, y eliminar la inmovilidad social y el abuso de poder de la iglesia católica, apartando a esta última del ámbito educativo.

Un claro ejemplo de ello fue la elaboración de un proyecto constitucional, la Constitución de 1931, en la cual se discutieron algunos temas de gran controversia como la organización del Estado o el poder de la Iglesia Católica. Esta Constitución supuso un notable avance porque exponía la defensa de derechos humanos, como a su vez, protegía derechos individuales y sociales. Se establecieron derechos como el aborto, el divorcio o el matrimonio civil. A pesar de sus imperfecciones, esta constitución era de las más democráticas de cuantas habían estado en vigor en España hasta la actual Constitución

La Segunda República desfiló por varias etapas. Durante una de sus primeras etapas, la cual se corresponde con el llamado Primer Bienio, o denominado también reformista, que abarca desde el invierno de 1931 hasta el verano de 1933, gobernada bajo la coalición de partidos que presidía Manuel Azaña, se intentó llevar a cabo novedosas reformas, destacando algunas de ellas como la educativa, con la que se pretendía reducir las altas tasas de analfabetismo dentro de la sociedad española y que además se estableció la universalidad de la enseñanza; la reforma agraria, que trataba de acabar con el retraso acaecido en el campo español e intentó crear una dinámica social y laboral libre de abusos; o la reforma militar, con un proyecto claro, convertir al ejército en un ejército más moderno y eficaz. Esta etapa se caracterizó como la más dinámica y fructífera, en la que se anticiparon las grandes líneas del reformismo republicano y las grandes preocupaciones sociales que alentaban los representantes de la izquierda republicana y socialista. Sin embargo, el proyecto republicano de los años 1931-1933 fue un fracaso, debido al cambio político provocado por las elecciones de noviembre de 1933, y sobre todo, la ruptura bélica de 1936.

Las elecciones de noviembre de 1933 supusieron un cambio notable en el rumbo de la República. A partir de entonces, y hasta febrero de 1936, se extiende otra etapa denominada bienio radical-cedista, o bienio negro, caracterizada por un tono más conservador y por la revisión de gran parte de la labor reformista del bienio anterior e incluso llegando a oponerse a las reformas llevadas a cabo.

Además, durante el período republicano, la Segunda República tuvo que hacer frente a los numerosos procesos insurreccionales cuya única intención era dinamitar el régimen republicano, con ejemplos como el intento de golpe del general SanJurjo en el verano de 1932, como grupos opositores como los fascistas, los monárquicos, e incluso, tramas cívico-militares por parte de la Unión Militar Española (UME) o algunos generales como Mola o Queipo de Llano.

Otros dos acontecimientos claves fueron los asesinatos del teniente de la Guardia de Asalto, José Castillo, a manos de pistoleros de extrema derecha, y el de Calvo Sotelo, en respuesta a este suceso, por parte de los compañeros policías del teniente Castillo. El país quedó sobrecogido por el doble crimen, que serviría como prólogo al golpe militar. De hecho, la muerte de Calvo Sotelo alentó a algunos de los conspiradores.

Las elecciones de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular, cuyo ansiado triunfo, fue el eficaz resultado de la unidad de varias organizaciones izquierdistas para derrotar políticamente a la coalición de centro-derecha. Mientras tanto esta última se hundía a consecuencia de los escándalos políticos, en los que se vio envuelto el Partido Radical.

Entre febrero y julio de 1936, el Gobierno del Frente Popular intentó desarrollar medidas que facilitarán el retorno a la política reformista del primer bienio, pero el desorden público y las tensiones surgidas entre socios gubernamentales y no gubernamentales dentro del Frente Popular, impidieron que cuando estalló la Guerra Civil no se hubiera realizado gran parte de la labor proyectada.

El resultado de las elecciones confirmó el triunfo del Frente Popular, que resultó favorecido en el reparto de los escaños por la ley electoral. La izquierda triunfó en las ciudades y áreas industriales y periféricas. La derecha dominó ambas Castillas, Navarra, Baleares y bajo Aragón.

Tras conocerse los resultados, que daban la mayoría absoluta al Frente Popular, en la capital de España comenzaron los rumores de un próximo golpe de Estado. En diversos sectores se pedía la simple anulación de las elecciones y el presidente de la República, Alcalá Zamora, urgió a Manuel Azaña para que asumiera la Jefatura del Gobierno.

Con el triunfo del Frente Popular, la primavera de 1936 se presentó agitada y llena de numerosas violencias. El preludio de lo que sucedería tiempo más tarde se produciría a partir del mes de abril, con los altercados que tendrían lugar entre simpatizantes izquierdistas y falangistas.

Dejando a un lado el debate acerca de si la Segunda República fue verdaderamente democrática o no, lo que sí ciertamente hay que reconocer, es que se trataba de un régimen innovador con la intención de modernizar un país atrasado con más similitudes con los antiguos estados feudales que con las renovadoras democracias europeas. Sin embargo, por otro lado, hay que tener en cuenta, que durante los casi 5 años que estuvo en vigencia la República, el proyecto republicano transmitió ciertas debilidades . Padeció errores como la falta de un sistema de partidos y una estrategia de alianzas que le hubieran permitido el establecimiento de gobiernos más estables y duraderos, la falta de un consenso en torno al modelo constitucional que se estableció en 1931, la capacidad de repartir el poder, y por último, una escasa concienciación y movilización democrática por parte de la sociedad . Ahí radicaba su fragilidad democrática.

Isaac Moriel

La Segunda República NO fue una democracia

Isaac E. Moriel

La Segunda República no fue una democracia.

No fue eso, no fue eso

Una de las máximas que todos conocemos y que son la base de la democracia es que el poder emana de la soberanía que reposa en el conjunto de la nación. La legitimidad de los sistemas democráticos nace de la voluntad nacional expresada en las urnas. Esto implica que necesariamente debe de haber un consenso mayoritario por parte de la ciudadanía hacia ese sistema de gobierno, y debe salir de una votación. Esto nos lleva al primer problema para calificar de democrática a la Segunda República. El origen de la Segunda República son unas elecciones municipales, que distan mucho de ser un referéndum sobre el sistema político, en las que además hay una mayoría de concejales monárquicos. Según los datos del historiador Javier Tusells los monárquicos obtuvieron 40.324 concejales, los republicanos 34.688, los socialistas 4.813, un grupo de indefinidos 1.207 y los comunistas 67. Este problema en la legitimidad de su origen podría haber tenido una fácil solución. Hubiera sido tan simple como someter a referéndum la constitución promulgada. Pero esto no sucedió. Fueron las Cortes Constituyentes las que aprobaron el texto constitucional sin someterlo a la consulta del conjunto de los españoles.

Otro de los problemas que destacan en el aspecto normativo son los límites a la libertad de expresión y la censura. Esto se plasma tanto en la Ley de Defensa de la República del 21/10/1931 como en la Ley de Orden Público que es la que le sustituye a partir del verano de 1933. Esta ley de excepción fue la norma fundamental en la configuración del régimen jurídico de las libertades públicas durante casi dos años. A partir de La Ley de Orden Público las garantías constitucionales estuvieron suspendidas prácticamente todo el tiempo hasta el inicio de la Guerra Civil. La aplicación de la Ley de Orden Público llega a tal punto que lo verdaderamente excepcional son los periodos en los que rige la normalidad constitucional.*

También es importante destacar algo tan significativo como el no reconocimiento del vencedor tras las elecciones de 1933, cuando a la CEDA, el partido más votado, no se le permite gobernar. Ocurre en gran medida por las amenazas de los partidos de izquierda y las presiones al Presidente de la República. Se trata sin duda de uno de los puntos de inflexión en la legitimidad democrática de la Segunda República. No reconocer el derecho del adversario a gobernar implica una grave distorsión de la percepción de lo que debería ser una república democrática.

El socialista 25 de Septiembre de 1934

Cuando por fin el gobierno se dispuso a incorporar varios ministros cedistas. “Abandonen sus esperanzas los hombres que aún fían la solución del gran problema político español a las normas de la convivencia, tal como las entienden los demócratas burgueses. (…) Nuestros temores están, a buen seguro, archijustificados. Renuncie todo el mundo a la revolución pacífica, que es una utopía. En período revolucionario no hay país que no esté en guerra. Bendita la guerra contra los causantes de la ruina de España”.

La forma en la que se juzga la participación de las organizaciones políticas en los hechos de Asturias de 1934 pone en entredicho el predominio de la ley. Partidos y líderes políticos salen no solo indemnes, sino reforzados tras el fracaso de la revolución. Haciendo además de la amnistía de todos los revolucionarios encarcelados y la revisión de las responsabilidades de los cargos y funcionarios públicos un tema central de la agenda política. Una democracia no puede hacer excepciones en el cumplimiento de la ley, y menos contra los que atentan contra el orden constitucional por la fuerza.

Otra arbitrariedad notable impropia de un Estado de Derecho que denota la limitada comprensión de la democracia en aquellas élites políticas es la forma en la que son tramitados los casos Strauss Perl y Nombela. En lugar de presentarse en un juzgado como sería el cauce lógico en una democracia con separación de poderes, estos casos son presentados ante la Cámara directamente por el Presidente de la República. Siendo el Congreso el que realiza un juicio político que en ningún caso le compete, sino que pertenece al ámbito de los tribunales de justicia. Es inaudito que Alcalá Zamora se prestara a algo semejante cuando se le presentó la denuncia. Lo normal en cualquier democracia es que sean los jueces quien lo gestione y resuelva.

A partir de 1936 los hechos que ponen en entredicho la legitimidad democrática se suceden y son cada vez de mayor gravedad. Con la huida de Manuel Portela Valladares tras las elecciones de Febrero de 1936 y el nombramiento de Azaña antes de la asignación de actas se compromete gravemente todo el proceso electoral. Alcalá Zamora al ordenar formar gobierno a Azaña consuma un traspaso de poder ilegítimo que finalmente afectará al resultado de las elecciones. Las elecciones se caracterizaron por ocurrir en un contexto intimidante para los votantes de derechas. Existen abundantes denuncias sobre la violencia de las milicias de sindicatos y partidos políticos frente a la inacción de los poderes del Estado.

Más grave aún son las irregularidades relacionadas con la asignación e impugnación de actas de los partidos del bloque de la derecha en favor del Frente Popular, especialmente del PSOE. Incluso algunos políticos del centro izquierda manifestaron su preocupación. Martínez Barrio consideró «peligroso» e «injusto» abusar de la victoria, y dijo de la campaña pro nulidad que era una «deplorable satisfacción» del apetito de candidatos «no muy seguros de su derecho». El debate no se ciñó a términos jurídicos, llegándose a descalificar actas por convicciones morales de diputados. Incluso Alcalá Zamora estaba cada vez más alarmado por la «apasionada, desigual y arbitraria» actuación de la Comisión de Actas, que aprobaba o anulaba las actas «por motivos personales» y pretendía expulsar a los líderes conservadores del Parlamento. La minoría de la CEDA decidió el 31 de Marzo, tras dos horas de debate, abstenerse de participar en los debates de actas. En una nota anunciaron que «la mayoría está dispuesta a mantener su intransigencia, su arbitrariedad y su diferencia de criterio, según se trate de un bando u otro», adoptando «una actitud de monopolio, de exclusivismo y de tiranía». La CEDA estaba dispuesta a someterse al criterio que prefiriese la mayoría «legalista o de convicción moral; de dureza, declarando la nulidad de ciertas actas, o de templanza, limitándonos a sancionar defectos parciales», pero no a «criterios partidistas, distintos en cada caso». Por ello, su minoría no confiaba ya en una Cámara que estaban sustituyendo «la voluntad popular, base de un régimen democrático», por «el imperio absoluto de una mayoría discutible, esencia de los regímenes totalitarios». Finalmente, anunció la retirada: «Libre tenéis el camino, constituid el Parlamento como os plazca». La repetición de elecciones en Granada y Cuenca donde había ganado la derecha es la mejor muestra. Tras la repetición de los comicios ganó la izquierda, si bien se trataba de circunscripciones históricamente conservadoras.

Una vez con el Frente Popular en el gobierno la violencia aumenta y la parcialidad del gobierno ya ni se disimula. La ilegalización de Falange Española es otro claro ejemplo aplicar la ley de forma sesgada y parcial, violando claramente los principios de pluralidad e igualdad. Máxime cuando se permitía seguir funcionando a otros partidos y formaciones que eran abiertamente contrarios a los principios democráticos, como son comunistas o anarquistas. La violencia política se convierte en una constante a lo largo de la primavera de 1936. En especial los llevados a cabo contra la iglesia y la comunidad cristiana. La quema de iglesias, los asaltos contra religiosos y el acoso a católicos crecen ante la pasividad del Gobierno. Un buen ejemplo es en la quema del Convento de Santa Ana frente a las puertas del Ministerio de Gobernación. Ninguna dotación policial intervino ni se detuvo a nadie. El asesinato del líder de la oposición es el último acto de esta tragedia. Calvo Sotelo es asesinado por fuerzas de seguridad afines al gobierno y los responsables tienen estrechos vínculos tanto con Indalecio Prieto como con Margarita Nelken, quienes les esconderán y protegerán. Al final los asesinos quedaron libres de responsabilidades penales.

Resulta muy significativo que una vez iniciada la Guerra Civil el resto de democracias no se pusieran de parte de la República. Esto sucedió en gran medida por que no la consideraban fiable. Ya hemos visto que tenían sus motivos para pensar así. El peso que cobraron entre los partidos y sus organizaciones discursos excluyentes, los hacía incompatibles con la aceptación de un régimen democrático. Especialmente con la observancia de valores y prácticas acuñadas en la tradición liberal, como el pluralismo, la tolerancia con las opiniones del adversario o la búsqueda de pactos. La única conclusión posible es que la democracia pluralista no fue un objeto de predilección mayoritaria por parte de la élite política española de los años 30. Para estas élites políticas la República era más un medio que un fin en si mismo.

¿Puede producir una democracia una sociedad sin valores democráticos ni los condicionantes previos necesarios? España no era una democracia ya que no podía serlo. Como escribió Ortega y Gasset el 9 de Septiembre de 1931 en el «El Crisol»: «La República es una cosa. El radicalismo es otra».

*de 1931 a 1936 se proclaman 21 veces el Estado de Prevención, 23 el de Alarma y 18 el de Guerra. Durante toda la Segunda República no suman ni 5 meses el total de los días que los ciudadanos pudieron disfrutar de todos sus derechos sin limitaciones.

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