¿Libertad o seguridad?
Libertad antes que seguridad
Guido Ariel Mendieta Oviedo
A las puertas del ocaso: ¿Es la seguridad superior a la libertad?
“Cuando el Gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y para cada porción del pueblo el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”
Declaración de derechos del hombre y del ciudadano (1793)
La actual crisis sanitaria mundial, con todo el tenor de gravedad que implica comentar en consecuencia sin los riesgos al desatino por lo impredecible de su decurso, nos ha planteado una dicotomía riesgosa en casi igual proporción al riesgo físico que ésta representa: elegir entre libertad o seguridad. Pues si hay algo que la covid-19 ha sabido implantar a más del terror sanitario, fue el terror emanado desde gobiernos con rémoras de autoritarismo y desmedido ejercicio de la coacción.
Ahora bien, desde este pacto social –que se mueve entre el silencio de un vacío legal no contractual- ¿Cuál es el límite de la fuerza coercitiva? ¿El pueblo ha legitimado realmente las medidas de “seguridad” dispuestas por recetas de la hoy cuestionable OMS? Los registros de diversas manifestaciones se han encargado de responder a estas preguntas con hechos y símbolos, pues la libertad cohesiona en el pueblo aún por encima de la vida misma, supuestamente defendida desde la frágil coraza de la seguridad, porque ¿qué vida servirá desde la reclusión forzosa? ¿Será digno vivir dentro de este nuevo concepto de “normalidad” que presume al otro como el enemigo? Máxime de que hasta el día de hoy no se reconocen certeramente los resultados del confinamiento absoluto, salvo para la reproducción de trastornos mentales por causa de un shock continuo y tirano desde gobiernos en componendas con los medios de comunicación, ya dicho antes, nostálgicos de autoritarismo.
Militares defendiendo la seguridad y la vida con fusiles en mano
La esencia de la vida humana está en la libertad, en aquel acto de comunicarse, pensar, creer y moverse de un lado a otro por determinación de su voluntad, y toda persona desposeída de estas facultades queda equiparada con un animal o un objeto. Si pensamos desde los horizontes de este axioma, vemos que desde inicios de año el sujeto de derechos y obligaciones ha sido sujetado, llevando una existencia abrumada en sus posibilidades de hacer y hacerse, y sometida a más de su libertad a la obligación de pagar préstamos cuantiosos para salvaguardar su seguridad o, si quisiéramos pensar desde la industrial falacia de los gobiernos, para “salvaguardar su vida”.
En Belgrado también han apostado por los fusiles para defender la vida
Tampoco se me malentienda: la libertad no supone hacer todo cuanto el individuo desee por hacer, puesto que la coexistencia con el otro lo condiciona a limitar su actividad hasta la frontera de la vida de este tercero. Valiéndose de este principio, los gobiernos han sabido desplegar del modo más ruin ensayos casi bélicos en contra del ciudadano a quien se lo presume como portador (o culpable) sin cerciorarse realmente de ello. Nunca antes hemos estado tan orillados al más cercano límite de las tierras del fascismo, y fue precisamente la seguridad el ardid perfecto para llegar hasta allí.
El hombre no existe para el servicio del Estado, sino éste para el servicio del hombre. Y bien Grocio lo anticipaba: “Si los soberanos ordenan algo contrario al Derecho Natural, no es necesario acatar sus órdenes”. Acatar por el temor como razón fundamental de la postergación de nuestros derechos debe ser más que condenado, a más de la no bien definida peligrosidad de un virus que puede ser combatido desde medidas de distanciamiento e higiene, sin la necesidad de suspender toda la dinámica productiva y social con todas las consecuencias nubarrosas que podrán acarrear en poco tiempo.
“¿Nos será lícito permanecer indiferentes entre la ley que ordena el mal y la moral que lo prohíbe? Forzoso es examinar si los males probables de la obediencia son menores que los males probables de la desobediencia” reflexionaba el filósofo Jeremy Bentham, de quien nos valemos para pensar sobre las consecuencias de acatar o protestar contra aquella fuerza legislativa que nos suprime, sobre aquel “estado de excepción” desplegado con tanquetas y fusiles en las calles que tenía bien identificado al enemigo: el mismo ciudadano que sostiene toda aquella aquella estructura que lo apuntaba con las armas que él mismo se encargó de financiar. Nada más paradójico.
Balas del ciudadano y para el ciudadano… Chile, mes de mayo.
En medio de todas estas reflexiones hay una realidad que se nos dispone evidente: el individuo es celoso de su libertad y contundente contra quien pretenda injustamente arrebatársela, y es en estos términos donde reverdecen el legítimo derecho de la insurrección y de la resistencia a la opresión, del llamado a la desobediencia civil de un pueblo que en este año ha sido anegado y lacerado en su natural derecho a la libertad. Vim vi repellere licet.
Lo que tenemos por ventajoso es que aún estamos a tiempo. Los momentos en donde el miedo y la autoridad se coludieron para intentar recluir al individuo han pasado por ahora, pero no debemos bajar la guardia quienes deseamos llevar el concepto de libertad hasta sus últimas consecuencias; nosotros quienes defendemos el legítimo derecho de disponer de la propiedad de nuestros cuerpos, de continuar en la conquista y defensa de nuestros sagrados derechos individuales contra, como reza una canción, los eternizadores de dioses del ocaso.
Seguridad antes que libertad
Christian Nicolás Roig González
Un binomio inseparable
Una democracia constitucional implica un modus interactivo entre el afán del autogobierno popular y los lindes que el mismo autogobierno establece normativamente o de facto. El documento normativo que rige los designios de cada nación, establece la estructura de una colectividad política y consagra un catálogo de derechos fundamentales, es la Constitución. ¿Por qué el estado constitucional es aquel que reconoce derechos fundamentales y a la par divide y controla el poder político?
Son elementos interdependientes. La conexión entre ambos elementos se cristaliza con un hecho consistente en que los derechos individuales son los límites del poder político, tanto en el sentido negativo como positivo, el Estado no tiene facultad de decidir en desmedro de esos derechos, su fin es asegurar el disfrute por parte de los sujetos cívicos. La seguridad ciudadana en este sentido, compete al Estado Constitucional.
Hay una postura un tanto cándida, que presenta a la seguridad ciudadana como un elemento que está en franca contraposición con el valor superior de la libertad. Dicha postura, propugna que la aspiración del ciudadano de “asegurarse” tiene un precio, la pérdida total de libertad. A los efectos de este ensayo, sostengo que la posición descrita está lejos de ajustarse a la realidad. La rigurosa dicotomía planteada fue superada. El ejercicio de la libertad presupone un entorno seguro (véase el monopolio de la violencia legítima, útil y eficaz para dejar atrás el escenario primordial de toda guerra).
En este caso, la seguridad es una herramienta puesta al servicio de los derechos individuales, en constante interacción con otros valores implícitos en un Estado Social de Derecho como la solidaridad y la tolerancia. Ante los malentendidos vinculados con la concepción de seguridad, vale aclarar que la auténtica acepción no es compatible con una interpretación cerrada que contemple únicamente la acción de la fuerza pública, más bien, constituye la desembozada expresión de una política cuya raigambre reside en los principios de ciudadanía, prevención y eficacia.
Todo, desde la división de poderes hasta las vías de participación cívica, constituyen medicamentos empleados para establecer un control al abuso del poder y asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales.
Cuando el poder comete abusos y excede los límites que fueron prescriptos en el documento fundacional, se produce un claro desequilibrio, en consecuencia nace una facultad que procede de un valor intrínseco al esquema constitucional.
El desequilibrio se produce con meridiana frecuencia en los gobiernos autoritarios en los que la prevalencia de la seguridad, ya no consiste en un valor, es un fundamento mismo del régimen e implica la supresión de las libertades de la persona y la aniquilación de toda disidencia. En casos similares, en consonancia a los preceptos constitucionales se autoriza a los integrantes del tejido social a resistir a los usurpadores.
En principio, la seguridad y la libertad son binomios inseparables, lejos de estimular la creación de un estado abstencionista (que olvide el propósito de aquel pacto en virtud del cual se debe lograr la preservación del interés de cada quien) la democracia constitucional reafirma el rol de un Estado gestor y equilibrador en lo que respecta a la libertad individual como motor de la sociedad.
En otras palabras, el último fin es la realización de una armonía social que concilie la protección integral de las personas con las exigencias de los intereses colectivos. Siempre y cuando se cumpla con éste objetivo los afanes estatales están justificados y legitimados.
Una sociedad marcada por profundas injusticias fue lo que debió haber llevado a ciertos pensadores a hipotizar la existencia de una edad de oro en la que la paz tenía un carácter sempiterno. La realidad dista de tener revestimientos justos y el hombre hasta en un estado de barbarie primigenia tiene determinadas facultades, que no puede hacer valer con efectividad si no es instituyendo un acuerdo de voluntades que logre afianzar la seguridad del núcleo social.
Se justifica plenamente la existencia de un centro que logre nuclear aquellos valores deseables de una sociedad. Al reprimir la intolerancia y al proteger bienes jurídicos tutelados por la Carta Magna el Estado está refrendando entre otras cosas el fundamento en que se apoya la construcción de la forma de gobierno democrática.
La consolidación de la democracia requiere una digestión axiológica colectiva que desemboca en un reconocimiento de los derechos y de las obligaciones, nos exhorta a asumir el principio de pluralidad, la diversidad, y a renunciar a maniqueísmos políticos o posiciones dogmáticas.
Lectura: Amaya, J. A. (2014). Democracia y minoría politica . Buenos Aires: Astrea.