En España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre los que se encuentran todas las policías y la Guardia Civil, tienen como objetivo y misión principal defender el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía y garantizar la propia seguridad ciudadana.
El uso de la fuerza legítima y monopolizada del Estado definido así por Max Webber, en ese sentido, solo debería usarse con el fin de proteger la seguridad y el libre ejercicio de nuestros derechos fundamentales y libertades públicas. Debe usarse de forma proporcionada. Es incomprensible e indefendible, en ese sentido, el empleo de la fuerza desmedida contra unos manifestantes que ejercen sus derechos constitucionales.
Aquí no caben pelotas de goma ni lesiones sino proporcionalidad y legalidad y, por supuesto, control democrático de la actuación policial, exigiendo responsabilidades a los mandos que hubiesen permitido la desfachatez de usar la violencia contra los titulares de la soberanía de nuestra Nación. El hecho de manifestarse frente a un edificio público, parlamentario o gubernamental (siempre y cuando no se agreda ni a parlamentarios, ni a ministros ni mucho menos a empleados públicos), no entraña ningún peligro contra la seguridad ciudadana ni contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, a no ser que se entre por la fuerza a la sede de la soberanía nacional con el fin de imponer un sistema político, siendo perfectamente justificable en este caso, una vez traspasadas todas las fronteras de lo permisible y con el fin de proteger las decisiones del pueblo soberano, el uso de la fuerza.
Si, por ejemplo, se celebra un referéndum ilegal, se detiene directamente a los instigadores de esa ilegalidad plenamente inconstitucional con tendencia sediciosa. En el peor de los casos, se requisan los tupperware que se usan como urnas no reconociendo ningún tipo de resultado de una simulación de referéndum, siendo incluso más inteligente hacer ver a la opinión pública la insostenibilidad de los argumentos a favor del referéndum incidiendo en la falta de garantías democráticas de una pantomima. Pero el emplear la violencia directa contra personas que ejercen un supuesto derecho, engañados o no, deslegitima al Estado. Las imágenes de heridos, provocados o no, reales o no, en nada beneficia ni a la autoridad policial ni al Estado como ente institucional representativo de la nación soberana.
Si, por otro ejemplo, un barrio protesta -legítimamente- por las decisiones de su gobierno autonómico de desmembrar más socioeconómicamente su población, generando guetos ciudadanos bajo la apariencia de la seguridad sanitaria en vez de tratar a toda la ciudad o provincia por igual, no se puede ir contra las pretensiones del barrio como principal base social y territorial de cualquier municipio. Solo se debe actuar, proporcionalmente, contra aquellos manifestantes que tratan de reventar el pacifismo vecinal.
¿Y cómo tratar a energúmenos que emplean directamente la violencia frente a quienes les deben proteger? Con mecanismos no violentos, tales como apartarles sin emplear la violencia, arrastrarles si se quedan en el suelo o directamente detenerles, usando las porras defensivamente si alguien trata de impedir la detención, que por algo se llama defensa. Cuestión distinta es si directamente usan armas blancas o lanzan objetos muy peligrosos, ahí podría considerarse proporcionalidad entre energúmeno y autoridad policial, y frente a adoquines y contenedores, defensas, grilletes y, en última instancia, el empleo de armas de fuego, al aire, para disolver a esos intolerantes.
Naturalmente, no se puede permitir la violencia de los ciudadanos ni frente a policías ni frente a otros ciudadanos. Pero no se puede tampoco matar moscar a cañonazos. Si fuesen terroristas armados con subfusiles, por supuesto, y abatirles sin ningún tipo de vacilación si fuera necesario para proteger la vida y la integridad.
Pero siempre sin apartarse de su misión: proteger nuestros derechos y nuestra seguridad, y no moler a nadie a palos a las primeras de cambio. Quienes lo hagan, no pueden ser considerados Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la nación.
